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INTERESES Y FUNCIONES DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN LA POLÍTICA

Por Karina Moreno Rojas

En el texto Medios de comunicación y sistemas informativos en México la autora, Karin Bohmann, plantea que hay ciertos intereses y funciones del Estado y los medios de comunicación que se desarrollan como parte del sistema y del devenir histórico y social, para la producción y reproducción de la vida del país, de México.
Para empezar hace una breve remembranza respecto a la legitimación del poder en México y la importancia de los indicios nacionalistas, como los discursos políticos alabando a un pasado revolucionario y vinculándose con él, así como de honores a los grandes “héroes” revolucionarios e independentistas, justamente, un tema muy actual con motivo de las fiestas patrias de este 15 de septiembre y las próximas festividades de la Independencia y la Revolución con bicentenario y centenario respectivamente, aspectos que han traído a colación una gran cantidad de problemáticas y molestias entre gobierno federal y estatales.
La legitimación en México está ligada a la Revolución por el idealismo de liberación del yugo dictatorial (lucha en contra de un régimen negativo). Este pensamiento nacionalista unificador en un Estado-nación se da a conocer a través de la educación escolar, donde se imparte la historia oficialista. A lo anterior, se debe reconocer el sistema patriarcal al que los mexicanos estamos acostumbrados: el Presidente es cabeza guía, brazos de cuidado paternalista que establecen para dónde ir y cómo dirigirnos.
Es entonces cuando la autora, basada en la teoría de Evers acerca de que no es relevante alcanzar un cierto nivel sino iniciarlo o continuarlo en forma de proceso, explica una contradicción existente en el país y reflejada a través de circunstancias especiales en los medios de comunicación.
La contradicción se refiere al seguimiento de estructuras heterogéneas que lo único que ofrecen son mejoras lentas o parciales e incluso nulas, mismas que se tendrán que aparentar. Sólo son posibles las mejoras siendo dependientes de formas de gobierno externas.
Explicado desde el ámbito comunicativo, la contradicción se encuentra cuando el Estado se percata de que la televisión promueve formas de vida y educación enajenantes y anticultural junto con un analfabetismo secundario; sin embargo, promueve la existencia de la televisión al mismo tiempo que la trata de minimizar o contrarrestar con medios alternativos como historietas.
Por otra parte, un ejemplo más de la contradicción es cuando se considera que el Estado le da más cantidad de dinero y apoyos de todo tipo (facilidades de financiamiento, concesiones, etc.) a la televisión, misma que ya reconoció como poco benéfica para la sociedad, que a la radio comunitaria o de hablas indígenas.
Posteriormente, se nos habla de un fenómeno que no puede pasar desapercibido en consideración de las relaciones, contradictorias como ya se explicó, de la televisión y el Estado. Dicho fenómeno es el “estira y afloje” de ambos polos, caracterizado por favores, apoyos monetarios o de publicidad y propiedad, amenazas, censuras, castigos, reproches, ayudas, etcétera.
Es decir, la posibilidad de influencia del Estado sobre los medios a través de leyes o presiones varias y, la influencia de los medios en política poniendo en peligro el poder del Estado y transformándose en el guía, en el centro que decide y manda. Justo a todo lo antes dicho, es que se dan las principales polémicas políticas-económicas-comunicativas entre los medios de comunicación, a través de sus diferentes representantes, y los gobiernos mexicanos.
Y como respuesta de porqué las contradicciones existen, la autora ofrece explicación: “las empresas privadas nacionales de comunicación importantes, procuran la imposición de los intereses trasnacionales en el marco económico nacional, sobre todo si ellas lucran con esto. En el caso de México, en principio el Estado no se opone a ello (porque) aparece también como empresario y posee diversos medios de comunicación masiva que de hecho también están sujetas a las dependencias mencionadas […] el Estado no puede impedir su realización”[1].
El segundo tema que toca la autora es sobre la función de los medios en el proceso de producción y reproducción social. Al respecto menciona que los medios tiene dos principios: lucrar y la orientación política y cultural del público.
Por lo anterior, hace una distinción entre los medios privados, que son los que efectivamente preponderan el aspecto económico (ganancias) por encima del ideológico y político. Contrariamente, el Estado hace que los medios conocidos como públicos, porque son de su posesión y manejo, tengan como primordial el aspecto político e ideológico, manifestándose como simples mediadores y propagandistas de las intenciones del Estado, quien relega el factor económico, incluso lo absorbe dándole total subsistencia (caso de El Imparcial con Porfirio Díaz y El Nacional más tarde).
A continuación, Bohmann enlista formas básicas de influencia del Estado sobre los medios de comunicación, estas formas son tres: a través de la propiedad (dándoles monopolios en zonas grandes); el financiamiento (en un principio con el papel y PIPSA, después con la publicidad, concesiones, etc.); y el control sobre la información (por medio de agencias de noticias oficiales, oficinas de prensa y comunicación, chayotes, determinación de fuentes oficiales, etc.).
Vale mencionar las funciones centrales de los medios de comunicación: “imponer y mantener las relaciones de reproducción mercantil dependiente; y la contribución a la creación de un consenso […] mediante la supresión o desinformación directa de la información”[2].
Este consenso, que se refiere a la solidaridad de México para con los países Latinoamericanos porque luchan por el derecho y la autodeterminación de los pueblos, se transmite a la audiencia atenta de los medios a través de tres formas de discurso: el noticioso, el publicitario y el cultural.
El primero se refiere a la manipulación o tratamiento de la información de manera que el mensaje transmita las ideas necesarias y deseadas; después el discurso publicitario refuerza siendo medio ilustrativo del discurso noticioso y, el cultural, es aquel que predispone el nacionalismo folklórico muy necesario por el Estado para su legitimación.
A su vez, estos discursos, principalmente el noticioso, se atienen a ciertas reglas establecidas por el Estado: la aceptación de la oposición al régimen siempre y cuando no haga peligrar a éste; apego a las fuentes oficiales y mayor espacio e importancia a los asuntos del gobierno; unificación del medio y la audiencia (para legitimación de éste primero como fuente confiable); consenso en las ideas vendidas sobre pertenecer a una sociedad abierta, mientras al mismo tiempo, recibe mensajes sobre valores sociales y morales a través de las telenovelas.
Por tanto, se reconocen a los medios de comunicación y al Estado como entes de poder interrelacionados que se necesitan uno al otro, pues se han compenetrado lo suficiente como para determinar su subsistencia y la calidad de ésta.



BIBLIOGRAFÍA:

BOHMANN Karin, Medios de comunicación y sistemas informativos en México, Edit: Alianza Editorial Mexicana y CONACULTA, México, 1986, p. 240-257.

[1] BOHMANN Karin, Medios de comunicación y sistemas informativos en México, p. 249.
[2] BOHMANN Karin, OP. CIT., p. 252.

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DINASTÍA AZCÁRRAGA

Por Karina Moreno Rojas

Televisa (Televisión Vía Satélite) es uno de los poderíos más grandes en cuanto a gigantes de comunicación se refiere. La dinastía Azcárraga se ha encargado de darle la fuerza, el poder, el dinero y la fama con la que cuenta en nuestros días.
Una ideología ambiciosa a provocado en las mentes de los Azcárraga ganas de seguir adelante, de negociar (nunca apostar y arriesgar sin nada seguro), de perdurar y mantenerse. La historia inicia con Emilio Azcárraga Vidaurreta, quien busca suerte en el Distrito Federal, ahí comienza vendiendo zapatos y ahorrando con eso con la intención de proyectos más grandes y complicados.
La venta de zapatos le daría lo suficiente para mantenerse y sostener sus estudios y los sueños de progreso, mismos que se hicieron realidad, comenzaron a tener forma al adquirir su primera estación de radio. Más tarde conseguiría para México la concesión de RCA con la estación La voz de su amo, en ese mismo tiempo fundaría la XEW conocida como La voz de América Latina.
En 1952, Azcárraga II crea el primer estudio de televisión con Canal 2, se crea Telesistema Mexicano con Canal 4 y 5 de diferentes propietarios para entonces. Los termina adquiriendo todos Azcárraga e incluso se une con Televisión Independiente Mexicana con la cual forma Televisión Vía Satélite, es decir, Televisa.
Los buenos años llegan, Televisa se extiende a radio, internet, cable, editorial, compañías de música, etc. Dicha expansión y abundancia frena en 1993 con las problemáticas nacionales económicas; hay despidos a gran escala y préstamos de bancos a la compañía. La recuperación monetaria, competitiva y de calidad de la televisora mexicana será desde entonces lenta y la expansión al estilo Roma, se detiene en 1972 cuando el creador de Televisa (Azcárraga Vidaurreta) fallece de cáncer en la ciudad de Houston.
A grandes rasgos esa es la historia en general; sin embargo hay algunos elementos de gran importancia para dicho desenvolvimiento de poder, del cuarto poder mexicano, como se plantea en el libro Tiburones de la comunicación: grandes líderes de los grupos multimedia. Dentro de esos elementos están: el poderío del magnate, la relevancia del noticiero ECO y la íntima y en su mayoría cordial relación con los presidentes y el priísmo en general.
Acerca del poderío que a lo largo del tiempo la dinastía más importante de la historia mexicana ha creado, es una vida llena de dinero, yates, helicópteros particulares que los trasladen de su mansión en Acapulco con playa privada a las oficinas del medio en el Distrito Federal, BMW, Mercedes, Ferrari, Rolls Royce, por mencionar algunos detalles de la holgada vida.
En cuanto a propiedades, tal como mencionan los autores del texto, Yolanda Colías y Eric Fratiini, “sus negocios van desde los medios de comunicación, el Museo de Arte Contemporáneo (hoy inexistente), participación en la compañía de Transportes Aeromar, el Estadio Azteca, dos equipos de futbol el Necaxa y el América, control sobre la Federación Mexicana de Futbol y de la Plaza Monumental de México”.
Además de la fuerte cobertura y alcance a nivel nacional e internacional del cual goza con presencia en 9 de cada 10 hogares mexicanos; con una señal recibida en Estados Unidos, Europa, norte de África, Centro y Suramérica teniendo canales en Venezuela, Argentina, Perú, Chile y Brasil.
Su “reino” llega hasta las entrañas estadounidenses al crear en 1987 en Los Ángeles Univisa[1], conglomerado de negocios de Televisa instalados en Estados Unidos, misma que se reforzaría con la creación de Empresa de Comunicaciones Orbitales (ECO) un noticiero de habla hispana dirigido por Jacobo Zabludosky y con gran presencia e influencia en los latinos residentes en E. U. A. durante la elección presidencial donde participa Richard Nixon.
Televisa es un gran éxito en el país vecino, en gran parte por el manejo del idioma, ya que al ser la única televisora para latinos se llena de un público seguro, estable y sobre todo fiel, que se sentiría identificado y atendido en sus necesidades.
La relación de la televisora con los presidentes mexicanos, únicos e indiscutibles seguidores del linaje priísta, ha sido de lo más representativo y criticado. En su momento Emilio Azcárraga llegó a ser declaraciones verdaderamente comprometedoras, sobre todo si se considera que un medio de comunicación debe dar apertura a todas las posturas e ideologías, tales declaraciones son, por ejemplo: ‘Soy un soldado del PRI’, ‘Televisa está con México, con el presidente de la República y con el PRI… somos y soy parte del sistema’[2].
Televisa fue muy criticada por su poco apego a la verdad y manipulación de la información en términos negativos[3]. Ejemplos se manifiestan muchos, empezando con la poca cobertura al grupo armado Ejército Zapatista de Liberación Nacional durante el conflicto de 1994 contra las políticas del presidente Carlos Salinas de Gortari, así como su apoyo incondicional a éste último durante la elección presidencial de 1988 donde misteriosamente se fue el sistema de conteos de voto cuando el contrincante Cuauhtémoc Cárdenas estaba a la cabeza.
Los pocos movimientos de regulación de medios que Televisa tuvo que padecer se debieron más a momentos de ira y venganza de los presidentes que de conciencia social sobre el poder concentrado en el monopolio mediático.
El primer intento de regulación fue de Ruíz Cortines quien quiso poner en práctica la elaboración de una Ley Federal de Radio y Televisión, a la cual por supuesto, Azcárraga se opuso. Para llevar la fiesta en paz, el siguiente mandatario, López Mateos cambia de postura y lleva una política de favores y condescendencias con la televisora.
Con Gustavo Díaz Ordaz la relación fue de respeto y simpatía hasta 1968, cuando estalla la huelga de los estudiantes y con ello se desata la matanza en la plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. Esa es la primera vez en que la compañía de Azcárraga habla contra el presidente, lo critica y lo señala como responsable de los asesinatos.
El presidente busca limpiar su imagen y pide ayuda a los medios, mismos que se la negaron, incluso Televisa. Por ello Díaz Ordaz pone en marcha un impuesto del 25 por ciento sobre los ingresos brutos de los medios de comunicación; obviamente los medios no se dejarían, y a fuerza de continuos ataques a la administración en turno, gobierno y medios se sentaron a negociar llegando a un acuerdo de 12.5 por ciento de impuesto.
Debido a la indignación por lo ocurrido el 2 de octubre de 1968, las televisoras privadas (entre ellas Televisa) no cubrieron la entrega de banda presidencial a Echeverría. Por ello más tarde, Luis Echeverría mantendría una política áspera contra los medios quitándoles apoyo presupuestario y concesiones. Por su parte los medios se encargarían de atacar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Por respuesta a manera de venganza, Echeverría informa a un año de terminar su mandato la creación de “un reglamento sobre el contenido de las emisiones de las televisiones privadas, así como un control de las emisiones vía satélite”[4].
López Portillo tuvo una relación sana con las televisoras mas no con la prensa, misma que le pisaba los talones respecto a sus excesivos gastos, malos manejos del erario público, sus polémicas relaciones familiares y de amistad todas vinculadas con puestos importantes del gobierno, etc. A la salida de su sexenio, el presidente modificó el Artículo 6° de la Constitución precisando que “el derecho a la información será garantizado por el Estado”[5].
En el caso del presiente Miguel de la Madrid, éste se encargará de hacer importantes modificaciones constitucionales para lograr de la comunicación vía satélite una estrategia de Estado, controlando a los medios y obligándolos a un mejor apoyo, para ello especificó el manejo total de los satélites Morelos I y II.
Entrando a la presidencia Salinas de Gortari, las problemáticas de Televisa no fueron con él directamente, ni hubo reproches o molestias, el conflicto del medio más poderoso de México fue económico.
En 1993 la crisis económica que se desató en todo el país afectó considerablemente a Televisa, tan es así que tuvo que solicitar dos préstamos a el banco Santander, esto representó la salida del 10 por ciento del capital total del grupo. Posteriormente, en 1994 a causa de la caída de la bolsa de Nueva York la empresa mediática pierde un dólar por acción, más adelante se incrementaría a 7.25 dólares por acción.
Con lo anterior, más el efecto tequila ocurrido en 1995 durante el sexenio de Ernesto Zedillo, Televisa se ve obligado a despedir a una gran cantidad de trabajadores, además entra en crisis interna, sus programas ya no son del mismo gusto popular y artistas con exclusividad abandonan la empresa. Aunado a lo anterior, la devaluación del peso afectó significativamente, al punto que Televisa tuvo “una pérdida de 710 millones de pesos”.
A pesar de lo anterior, Televisa sigue a la cabeza como medio de comunicación masivo y de entretenimiento. Lo que más me llama la atención es la gran visión de Azcárraga, sin duda un líder que ha sabido manejar sus negocios a beneficio y además, siendo fiel a sus propósitos y convicciones, manejando incluso, al poder político según sus necesidades.


BIBLIOGRAFÍA:

COLÍAS Yolanda y Eric Frattini, Tiburones de la comunicación: grandes líderes de los grupos multimedia, Edit: Océano, México, 1995, p. 211-233.

[1] “Que agrupa el canal ECO, Fonovisa, empresa dedicada a la grabación de discos, Galavisión, que se dedica a la televisión por cable, Protele, producción de programas, Videovisa, producción de videos, Univisión, cadena de televisión en Estados Unidos y América Latina y Satélite Communications, dedicada al transporte de señales vía satélite”. COLÍAS Yolanda y Eric Frattini, Tiburones de la comunicación: grandes líderes de los grupos multimedia, p. 218.
[2] Ibid., p. 219.
[3] El texto precisa que no eran objetivos, sin embargo, esa afirmación yo no la incluyo ya que según la teoría del periodismo actual la objetividad no existe, pues se parte de la interpretación del periodista y del reconocimiento de que cada noticia es una versión posible sobre el hecho, por tanto, sólo se considera la objetividad en términos de subjetividad bien intencionada (sin falseo de información) o veracidad.
[4] COLÍAS Yolanda y Eric Frattini, OP. CIT., p. 224.
[5] COLÍAS Yolanda y Eric Frattini, OP. CIT., p. 225.

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LA REGULACIÓN DEL EJERCICIO PERIODÍSTICO

Por Karina Moreno Rojas

¿Quién es considerado como periodista? Aquel que ejerce la actividad como oficio sin una previa preparación colegiada y que labora sin cédula profesional; o quizá la persona que sí estudio la carrera en Periodismo, Ciencias de la Comunicación o Ciencias de la Información.
Desgraciadamente, en México no existe una legislación que defina el concepto de periodista y que por tanto, valore dicha actividad que representa un servicio público, es decir, que se ofrece a la comunidad.
Lo anterior está íntimamente ligado con los siguientes dos puntos que Ernesto Villanueva aborda en su texto Régimen Jurídico de las libertades de expresión e información en México: la problemática en cuanto al acceso a la profesión periodística y la colegiación profesional del periodista.
En cuanto a la primera, menciona que es un aval de ser periodista, mismo que es otorgado por el gobierno a través de una licencia periodística, que a entender del autor, tiene dos vertientes o perspectivas desde donde analizarse: como limitante y controlador de la información y el trabajo o, como reconocimiento de la labor y profesionalismo periodístico. Para bien o para mal “en México no existe reglamentación legal ni convencional alguna para acceder al ejercicio de la profesión periodística”[1].
La colegiación profesional se refiere a la existencia de un organismo creado por la ley “cuya membrecía es obligatoria para el ejercicio de una actividad profesional”[2] y que cuenta con código de ética y mecanismo de autocontrol de quienes forman parte de él. Es decir, es un organismo que reconoce y avala el profesionalismo de una actividad laboral y da, a quien la ejerce, cierta “acreditación” para que lo haga, asegura que es una persona preparada que puede desempeñar dicha labor.
De nuevo, nuestro país no cuenta con dicha solicitud de obligatoriedad de pertenencia a un colegio profesional, mucho menos en el ámbito periodístico, pues no se cuenta con una visualización y entendimiento del periodismo como profesión sino como oficio.
¿Pero qué es una profesión, qué características debe tener? Según el autor, el periodismo debe ser considerado como profesión ya que cumple con el aporte de elementos de información necesarios para la participación y toma de decisiones de la sociedad. Además, es importante considerar que cumple con una metodología de investigación y con una teoría del periodismo que hacen de éste, digno de considerarle profesión, pues ambos aspectos representan una mayor reflexión respecto a la labor realizada.
Sin embargo, al no tener una definición clara de la actividad periodística y al pertenecer a la Convención Americana de Derechos Humanos, la cual estipula que la creación e impulso de los colegios profesionales es una violación al derecho de los individuos de buscar y proporcionar información, México se ve en la imposibilidad de crear un colegio profesional de periodistas.
Lo anterior me resulta sumamente importante y quizá hasta polémico, pues por una parte lo que sostiene la Convención Americana de Derechos Humanos resulta cierto en tanto que aquellos que son economistas (no periodistas) y escriben en la sección de finanzas de un periódico, no lo podrán hacer aunque comprendan la problemática social, porque no contarán con la cédula ni pertenecerán al colegio.
Pero justamente la característica de no ser periodistas y negárseles el derecho a informar, al mismo tiempo es el reconocimiento de aquella persona que sí estudio la licenciatura de periodismo y se preparó para ocupar dicho puesto en el periódico. Por ello, la existencia de un colegio podría ser un elemento benéfico para los periodistas de carrera en específico, pues se estaría revalorizando su labor.
A continuación el autor hace referencia a dos temas de igual forma polémicos: el derecho al secreto profesional y la cláusula de conciencia. El primero, según el Consejo de Europa de 1974, se define como “el derecho del periodista a negarse a revelar la identidad del autor de la información”[3] o también “el deber y derecho moral del periodista de no revelar nada que en sí mismo deba ser considerado como secreto […] a causa de la palabra empeñada”[4].
Villanueva reconoce diferencias entre el secreto profesional periodístico y el de otras profesiones como medicina, abogacía o sacerdocio. Entre estas distinciones se encuentra que en el caso de la medicina, el sacerdocio y la abogacía, por ejemplo, no es un derecho sino un deber, mientras que en el caso del periodista es un derecho pues éste tiene la capacidad de valorar si es necesario o no, es decir, el periodista no está obligado estrictamente a guardar el secreto.
La otra diferencia se refiere a qué se puede considerar secreto. Mientras que para el periodista el secreto recae en la fuente (revelar quién es la persona que le proporcionó la información), en las otras profesiones el secreto recae en la propia información. Esto resulta un poco contradictorio con la segunda definición que el autor da de secreto profesional, ya que considero que ahí sí esta incluyendo el resguardo de la información y no sólo del informante.
El secreto profesional es en virtud de algunos, como Roland Dumas, una mala consideración, ya que convierte la información en algo incontrolable y es posible el falseo de la misma quedando en duda la veracidad de las noticias. Sin embargo, la necesidad de proteger a la fuente para seguir recibiendo información confidencial, así como el interés del medio y periodistas (servidores públicos) de reunir a como dé lugar información para transmitir a la sociedad por el hecho de satisfacer el bienestar público, son justificantes suficientes para contemplar su existencia y apelar a la regulación legal.
La cláusula de conciencia, nula en México, se refiere a “salvaguardar la libertad ideológica, el derecho de opinión y la ética profesional del periodista”[5]. Ésta protege a los periodistas de abusos empresariales y exige el respeto a los contenidos de sus trabajos, así como a las decisiones que tomen delimitadas por sus convicciones y principios éticos, aunque vayan en contra de la política editorial de su empresa.
Respecto a las condiciones laborales del periodista, en México, éstas son de baja calidad y de poca consideración respecto a quienes incursionan en los medios. “No existe una regulación particular para el trabajo periodístico”[6], la única reivindicación obtenida hasta el momento se refiere a un salario mínimo que sólo abarca a los reporteros de prensa diaria excluyendo a todos los que no lo son. Por tanto, los periodistas se han visto en la necesidad de implementar dos mecanismos de ingresos complementarios: la publicidad por sección y el chayote, ambos ilegales y poco éticos.
Aunado a lo anterior hay deficiencias en el límite de la jornada de trabajo, el sueldo base (son muy bajos en nuestro país), las compensaciones (por trabajo extra, nocturno, en día festivo o sueldos suplementarios), los plazos de avisos para cese laboral, la indemnización y la participación del periodista dentro de su empresa a través de la relación con editores.
Y como último tema: el régimen fiscal de los colaboradores periodísticos, quienes están exentos de pagar el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A) según los artículos 9° y 15° de la fracción XVI de la Ley del Impuesto al Valor Agregado; pero no del pago del Impuesto sobre la Renta, dependiendo si el escrito que hicieron fue para fines públicos (se dará a conocer a la audiencia a través de un medio de comunicación) o privados (para uso de directivos de una empresa o institución, uso particular).

BIBLIOGRAFÍA:
VILLANUEVA Ernesto, “La regulación del ejercicio periodístico” en Régimen Jurídico de las libertades de expresión e información en México, UNAM, 1998, pp: 133-162.

[1] VILLANUEVA Ernesto, “La regulación del ejercicio periodístico” en Régimen Jurídico de las libertades de expresión e información en México, p. 138.
[2] Ibid.
[3] VILLANUEVA Ernesto, OP. CIT., p. 142.
[4] Ibid.
[5] VILLANUEVA Ernesto, OP. CIT., p. 148.
[6] Ibid., p. 150.

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DERECHO DE LA INFORMACIÓN EN MÉXICO

Por Karina Moreno Rojas

Por desgracia en nuestro país no se le da tanta importancia al tema del derecho a la información que tienen todos los mexicanos, tanto de darla como de recibirla. Según José Carreño y Ernesto Villanueva en el texto Temas fundamentales de Derecho a la Información en Iberoamérica proponen como algunas de las razones por las que no se presta atención a este tema: la existencia de un “partido hegemónico casi único por más de 60 años; la ausencia de asignaturas académicas sobre la materia en las universidades (las cuales permitirían mayor reflexión al respecto); un reducido trabajo de investigación; y escasa capacidad de organización y toma de conciencia de periodistas”[1].
Los artículos 6° y 7° de la Constitución Mexicana son los encargados de proteger el derecho a la libertad de expresión e información, mencionando en el primero la libertad de expresarse e informarse con la condición de no perjudicar a terceros, dañar la moral o perturbar la paz pública. En el 7°, se enfatiza en la libertad de imprenta y de publicar y transmitir información bajo las mismas condiciones.
Ahora bien, la prensa tiene una regulación jurídica a través de la ya vieja Ley de Imprenta, misma que tiene su sustento en la Constitución de 1857, por tal motivo, hay polémica actualmente sobre su validez y eficacia, pues al derogarse la carta magna de 1857 y poner en rigor la de 1917, la Ley de Imprenta necesariamente tendría que derogarse. Aunado a esto, dicha ley fue emitida por el ejecutivo de entonces, Venustiano Carranza, saltándose el procedimiento a seguir, es decir, ignorando al congreso quienes se encargaban de los artículos 6° y 7° de la Constitución.
Se supone que la Ley de Imprenta tiene la finalidad de regular el uso de medios e información, pero en realidad poco a logrado, como menciona el autor al respecto: “una norma jurídica que carece de eficacia no es útil para la sociedad, porque incumple su finalidad esencial: regular la conducta humana”[2].
Comenté que la ley poco ha logrado en cuanto a regulación respecta, ya que por ejemplo, no hay una regulación de propiedad de las empresas periodísticas, aspecto primordial y necesario, pues son las primeras interesadas en romper los esquemas ya que sus intereses son meramente monetarios antes que informativos.
Tampoco existen normas de derechos que regulen el acceso a la profesión periodística, en otras palabras, los lineamientos sobre quién es periodista y en qué medio puede o no ejercer, el control total actualmente lo tienen las empresas y ellas son quienes deciden quién trabaja y quién no y en dónde.
De igual forma, el secreto profesional de los periodistas no se encuentra resguardado de forma escrita en ninguna ley o reglamento, únicamente en los códigos deontológicos de los periódicos pero sin validez jurídica. Esto resulta realmente preocupante, debido a que el periodista necesita de ese derecho para protección de sus fuentes y a su vez, para protección propia, se trata de una cuestión de seguridad de las personas involucradas y no de maquillaje para ejercer la profesión de manera inadecuada.
Dos casos más que se refieren al mismo problema de inexistencia en leyes es el derecho a la cláusula de conciencia (apelación a decir lo que se deseé) y la ayuda que el Estado debiera dar a la prensa por igual. De esto último hay algunas precisiones emitidas por la Secretaría de Gobernación, Hacienda y Crédito Público y la Contraloría el 22 de diciembre de 1992. Entre otras cosas abarca: ayuda a programas de difusión e información de entidades; selección de revistas y diarios de amplia circulación; evitar el pago en gastos que sean representativos del medio y limitarse en los recursos asignados.
Los anteriores puntos constituyen normas jurídicas de menor nivel, por lo cual pueden ser modificadas fácilmente por el Ejecutivo Federal, además de no contemplar sanciones a conductas contrarias a las explicadas antes y de no establecer “criterios objetivos para seleccionar las publicaciones susceptibles de recibir publicidad institucional”[3].
Por otro lado, algunos aspectos que se contemplan como parte de la libertad de expresión e información tenemos el derecho a la vida privada, el cual está regulado en el artículo 7° y 16 constitucional, en este último hace referencia a que nadie debe ser molestado por ningún motivo excepto “en virtud de mandamiento escrito de la autoridad”[4].
En el artículo 1° de la Ley de Imprenta también se contempla este derecho aseverando que ningún medio de comunicación ni alguna persona deberán exponer a otro individuo al ridículo o desprecio o causarle demérito en su reputación e intereses. La Suprema Corte de Justicia lo contempla como aquella vida “que no constituye vida pública”[5].
En cuanto al derecho de réplica, éste se resguarda en el artículo 27 de la Ley de Imprenta mismo que estipula que toda persona que sea mencionada en un texto periodístico tiene derecho a replicar acerca de él. La réplica deberá ser publicada con el mismo formato de tipografía al día siguiente o en la publicación más cercana del medio. Sí contempla infracción en caso de culpabilidad.
Los aspectos negativos de lo anterior es que sólo tienen derecho de réplica las personas aludidas en los textos, dichas réplicas pueden resultar molestas al lector al recibir un intercambio de opiniones constantes, y el derecho de crítica se ve afectado. Este derecho de réplica respecto a televisión y radio no está contemplado en la Ley Federal de Radio y Televisión, sino en la Convención Americana de Derechos Humanos (art. 14) firmado por México.
Finalmente, las “únicas” limitantes de la libertad de expresión son la difamación, la calumnia (ambas contenidas en el derecho penal) y el daño moral contenido en el derecho civil. Sin embargo, la diferenciación entre éstas me resulta complicada, principalmente respecto al daño moral pues me parecería que éste se concibe en la difamación y las calumnias, entendiendo a la primera como aquella en la cual se da información dolosa respecto a una persona, hay manipulación negativa de la información con el propósito de perjudicarla. La calumnia es mentir, descalificar, culpar y acusar a una persona inocente.
A mi entender en ambos casos se está haciendo un daño a la moral, pues se perjudica a terceras personas infringiendo la imagen, honor y dignidad de un individuo, aspectos que definen, según los autores, al daño moral.

BIBLIOGRAFÍA:

CARREÑO Carlón José y Ernesto Villanueva, Temas fundamentales de Derecho a la Información en Iberoamérica, Edit: Fragua e Iberoamérica, México, 1998, p. 141.

[1] CARREÑO Carlón José y Ernesto Villanueva, Temas fundamentales de Derecho a la Información en Iberoamérica, Edit: Fragua e Iberoamérica, México, 1998, p. 141.
[2] Ibid., p. 144.
[3] CARREÑO Carlón José y Ernesto Villanueva, OP. CIT., p. 151.
[4] Ibid., p. 145.
[5] Ibid., p. 146.

Entrevista de opinión

MULTICULTURALISMO, RECONOCIMIENTO DE MINORÍAS

Por Karina Moreno Rojas

⊙ El multiculturalismo reconoce: grupos nacionales, étnicos o que se encuentran en situación de desventaja social (minusválidos, los enfermos de SIDA, los grupos urbanos, los homosexuales, los discapacitados, las feministas, etc.).
⊙ “El estado multinacional no es sino el triunfo de las minorías; el reconocimiento de su derecho colectivo en un Estado que antes no reconocía”: Fernando Vizcaíno.
⊙ Estado y multiculturalismo sustentable, proyecto que sustenta que el multiculturalismo es capaz de existir y busca crear un índice del déficit de multiculturalidad sustentable en diferentes países.

México (Aunam). Ojos pequeños y mirada fija, voz suave, tenue, pausada y tranquila. Él es un hombre delgado que esconde tras sus lentes esa mirada audaz y crítica, vaga cuando le hace honor al pensamiento y la reflexión.
Fernando Vizcaíno es actualmente investigador en el Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) de la UNAM, forma parte del Sistema Nacional de Investigadores de México y es responsable del proyecto titulado Estado y multiculturalismo sustentable.
El multiculturalismo es el reconocimiento de las minorías nacionales y étnicas de un Estado. En palabras del doctor Fernando Vizcaíno, “es una política de Estado para reconocer a las minorías culturales, particularmente sus derechos, que con frecuencia están en desventaja con respecto a la mayoría social”.
Es decir, el multiculturalismo reconoce la multiculturalidad, que es la convivencia de varias culturas en un mismo ámbito social, busca fomentar y dar razón a los derechos de las minorías, entendiendo por éstas a grupos nacionales (diferentes culturas principalmente alimentadas por la migración), étnicos (el indigenismo) o que se encuentran en situación de desventaja como el caso de los minusválidos, los enfermos de SIDA, los grupos urbanos, los homosexuales, los discapacitados, las feministas, entre otros.
Cabe destacar, que el multiculturalismo como tal es un idealismo, “no hay una sociedad que llegue a este ideal, lo que pasa más bien, es que tenemos sociedades que están cerca del ideal y otras que están muy distantes”, precisó el investigador, y aclaró con lo anterior que es un proyecto meramente ideológico que si bien es alcanzado mayoritariamente por ciertos países, como por ejemplo Canadá, no es un aspecto ciento por ciento completo, entre otras cosas porque el Estado-nación no lo permite.
Desgraciadamente en México, a pesar del reconocimiento del multiculturalismo a través del Artículo Cuarto de la Constitución y la existencia de programas de atención, no se ha considerado un tema de gran relevancia. Pues está claro, que aunque existe un documento por escrito que avala la autonomía y diferencia de grupos como los indígenas, o leyes que promueven la igualdad social como la Ley de Convivencia o convenciones a favor de discapacitados, falta traducirlo a nivel federal con la aceptación en cada uno de los estados de la República.
Se debe entender que este proyecto ideológico abarca al aspecto multiétnico y al Estado multinacional. Lo primero, y tomando como referencia el libro El nacionalismo mexicano en los tiempos de la globalización y el multiculturalismo, son grupos étnicos por procesos de inmigración que han dejado su nacionalidad para incorporarse a otra sociedad. En cambio el Estado multinacional corresponde al derecho de las minorías nacionales, que a su vez son, “sociedades distintas y potencialmente autogobernadas, pero incorporadas a un Estado por sucesos históricos como conquistas o acuerdos entre potencias”.
Para poder entender mejor, será necesario profundizar en la diferencia esencial entre Estado-nación, ya antes mencionado, y Estado multinacional, ya que este último idealmente sería la finalidad o meta a lograr del gobierno mexicano, pues con ello se da apertura a un verdadero país multicultural, de lo contario todo quedará en un espejismo.
Según Fernando Vizcaíno, el Estado-nación “es la expresión de una identidad colectiva que necesita regular la convivencia, el intercambio y la cooperación. Toda nación tiende a desarrollar un Estado, el cual, a su vez, se erige en sostén de la organización y continuidad de la nación”. Es decir, es aquel Estado cerrado, que pretende coincidir con la idea de nación o cultura como idea única, dividiendo el mundo por fronteras culturales.
Contrariamente, el Estado multinacional envuelve a más de una nación o cultura. No hay una sola para todos que se establezca e imponga como única, así, permite la identidad propia de muchos grupos minoritarios diferentes a la mayoría social, que comulga con la cultura homogeneizante del Estado-nación.
Constituye sociedades que exigen un trato especial y, al mismo tiempo, igualitario respecto a las demás naciones en convivencia dentro de un mismo espacio de tiempo y lugar. “No adopta leyes federales sino que posee las propias” y las separa del Estado mayoritario, aunque sí se atiene a las disposiciones generales de éste y como justificación a las excepciones, obedece leyes o mandatos creados por el gobierno central que establezcan las razones de un trato diferencial.
Existen cuatro tipos de Estado multinacional, según el libro El nacionalismo mexicano en los tiempos de la globalización y el multiculturalismo: el primero es el conjunto de grupos aborígenes o indígenas originarios del lugar con nula o casi nula presencia de colonos inmigrantes. Ejemplo de ello: Ruanda, República Democrática del Congo y Tanzania.
El segundo engloba a naciones indígenas y a colonos migrantes sin que se mezclen, como en Sudáfrica y Australia. El tercero es el que considera grupos diferentes de colonos mas no de aborígenes, por ejemplo, hasta hace apenas unos años Canadá, pues no se sabía si tenía indigenismo. Y por último, la mezcla de culturas de colonos e indígenas creando una nueva cultura: la mestiza, como sucedió con la gran mayoría de los países latinoamericanos, justo en esta clasificación se encuentra México.
En voz de Vizcaíno, “el estado multinacional no es sino el triunfo de las minorías; el reconocimiento de su derecho colectivo en un Estado que antes no reconocía sino los derechos individuales y, cuyo proyecto histórico de siglos fue la unificación legal, política y cultural”.
Sin embargo, ningún país es homogéneo culturalmente, y aunque los Estados han buscado construir una homogeneidad racial, jurídica, religiosa y lingüística, no se ha logrado del todo, aunque sí, ha ganado mucho terreno. Simplemente, en cuanto a la lengua “en México a principios del siglo XIX 70 por ciento de la población hablaba una lengua indígena, hoy en día sólo la habla el 8 por ciento, y de éste, prácticamente el 90 por ciento son bilingües”, externó el investigador.
Aunado a lo anterior, la acelerada desaparición de las lenguas autóctonas es consecuencia del enfrentamiento de indígenas a la discriminación, estigmatización y descomposición social. En el país, de un total de 364 variantes de lenguas, existen cerca de 100 con el peligro de extinguirse, según información del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (Inali) para La Jornada del 27 de agosto del presente año.
Según el director del Inali, Fernando Nava, las principales razones de lo anterior son “la falta de transmisión de padres a hijos […] y el resquebrajamiento del entorno social de los hablantes, debido a los problemas socioeconómicos que provocan la migración”. Aunado a esto, está la estigmatización de las lenguas como un retroceso de la región, por lo que el indígena sufre hostigamiento, discriminación y burlas cada vez que utiliza su lengua materna, por lo que decide ya no comunicarla a sus hijos, reconoció José Luis Moctezuma Barragán, investigador adscrito al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y Thomas C. Smith Stark, especialista en lenguas mesoamericanas (La Jornada 27 de agosto, 2008).
En México existen leyes y promagas de ayuda y/o apoyo, como en el caso de Oaxaca, donde se da atención educativa a través de maestros que hablan lenguas indígenas, responsabilidad del Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE). Pero dichos programas resultan insuficientes, sobre todo porque aún no han sido aceptados ni considerados por todos los estados de la República Mexicana, aunque el Artículo Cuarto de la Constitución precise lo siguiente:

Artículo 4°: “La nación mexicana tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas. La ley protegerá y promoverá el desarrollo de sus lenguas, culturas, usos, costumbres, recursos y formas específicas de organización social y, garantizará a sus integrantes el efectivo acceso a la juridicción del Estado. En los juicios y procedimientos agrarios en que aquéllos sean parte, se tomarán en cuenta sus prácticas y costumbres jurídicas en los términos que establezca la ley. El varón y la mujer son iguales ante la ley […]”.

Ahora bien, el Estado multinacional es el que integra a dos o más naciones o culturas. Esto acarrea cierta problemática (más por creencia que por ser real), la tensión entre el Estado y las minorías por medio de la multiculturalidad, ya que ésta conduce a la aspiración de las últimas por construir su propia soberanía al ganar libertad e ir desconociendo la autoridad del gobierno central. Es decir, puede ser una opción de diversidad pero también de riesgo de desintegración del Estado.
En palabras del doctor, “está relacionado con el nacionalismo en dos sentidos, primero porque puede favorecer un nacionalismo que integre a los diversos grupos culturales y que construya símbolos de orgullo social y nacional sustentados en la diversidad […] pero a su vez, el multiculturalismo podría dar pie a dos consecuencias, una, que la mayoría social termine afectada y exacerbara un nacionalismo excluyente, y segundo, que las minorías culturales no se sintieran satisfechas”.
Como bien explica el ex becario del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (1990) en su libro, “el proceso (multiculturalidad) que supone reconocer la diferencia y existencia de más de una nacionalidad, implica un costo que muy pocos gobiernos centrales están dispuestos a pagar. La mayoría seguirá optando por atenuar las diferencias, ya sea mediante la integración racial y cultural por medio de un despliegue ideológico nacionalista o incluso haciendo uso del exterminio físico”.

*** Estado y multiculturalismo sustentable***

El más reciente proyecto de investigación de Fernando Vizcaíno, docente de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS), que lleva por título Estado y multiculturalismo sustentable, es una reflexión sobre las condiciones que favorecen una convivencia pacífica de dos o más culturas en un mismo ámbito social.
Dicho proyecto, que inició hace dos años y cuenta con el apoyo y financiamiento del IIS, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), del Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica (PAPIIT), del Programa de Apoyo a Proyectos para la Innovación y Mejoramiento de la Enseñanza (PAPIME) y de la Universidad de Toronto, se centra particularmente en el estudio de Canadá, pues se ha convertido en un referente a nivel internacional en cuanto a políticas de convivencia culturales se refiere.
“[…] el propósito del proyecto es sustentar o favorecer el argumento de que hay algunas condiciones económicas, políticas e historias que contribuyen a que el multiculturalismo realmente sea sustentable, sea exitoso […] y que haya igualdad de oportunidades para los diversos grupos culturales en la sociedad”, mencionó en entrevista.
Explicó que el aspecto económico es de vital importancia, ya que de él depende que un Estado pueda atender las necesidades de sus minorías, proveerlos de los bienes materiales que soliciten para su desarrollo y buen desenvolvimiento. Un ejemplo de ello es la contratación de profesores especiales para que den clases en diferentes lenguas étnicas, contratar jueces y traductores, imprimir mapas del sistema de transporte en diferentes idiomas, entre otros aspectos, que no se podrían llevar a cabo de no tener la capacidad monetaria suficiente.
Los otros dos elementos fundamentales son: el histórico y el político. El primero es la noción de una perspectiva de inmigrante, es decir, que un Estado se mire a sí mismo como un país constituido por inmigrantes, si esto sucede habrá mayor posibilidad de éxito del multiculturalismo.
Por otra parte, el carácter político otorga al Estado la capacidad material de gobernar e intervenir en la vida social siempre y cuando sus bases sean fuertes, ya que si se retrae y no interviene en el buen desenvolvimiento de la convivencia social, los grupos minoritarios y el de mayoría resolverán sus conflictos en el ámbito público como mejor les parezca, según sus intereses y posibilidades de defensa, siendo así las minorías las más vulnerables y posiblemente afectadas.
Regresando al tema del proyecto, el doctor espera a corto plazo crear un índice del déficit de multiculturalidad sustentable en diferentes países, para reflejar la situación que cada uno de ellos posee respecto a este tema. Por el momento, dicho proyecto ya ha dado algunos frutos: un congreso en Ottawa y dos conferencias, una en Toronto y otra en la Ciudad de México, con la intensión de transmitir los principales hallazgos de la investigación.
Por tanto, el multiculturalismo es una política de reconocimiento de las diferentes minorías culturales dentro de un Estado para, a su vez, implementar leyes de convivencia para el desarrollo pacífico de la sociedad, suponiendo con esto “la participación de dos o más culturas en un ámbito común”, diferencia con la integración que es la disolución de las diversas culturas para formar una sola.
La necesidad de interacción en el ámbito internacional, obliga a los países a distinguir las variantes visiones que dentro de su territorio existen con respecto a la realidad, sólo así se podrá tener una convivencia pacífica regulada por el Estado, beneficiada por los aspectos económicos que atienden las necesidades de las minorías, y sobre todo, con una sociedad y gobierno que se reconocen a sí mismos como un conjunto de diferentes grupos que enriquecen la variedad nacional.